El Concejo frena la designación de un abogado propio y busca una tregua política con Egüen
En una jornada marcada por reproches cruzados y una evidente parálisis institucional, el Concejo Deliberante de 25 de Mayo decidió este lunes devolver a la Comisión de Reglamento el expediente que autorizaba la contratación de un abogado particular para representar al cuerpo en sede judicial.
La resolución, alcanzada tras un cuarto intermedio, representa un intento de última instancia por desactivar la vía judicial y encontrar un consenso político entre el Deliberativo y el Ejecutivo que encabeza el intendente Ramiro Egüen, en el marco de la polémica conformación de una comisión investigadora por decretos municipales.
La discusión central giró en torno a la imparcialidad de la representación legal. La postura de las bancadas se dividió tajantemente:
- La Libertad Avanza (LLA): La concejal Verónica Cortés defendió la necesidad de un letrado externo (se propuso a Luis Menucci), argumentando que la Asesoría Letrada del Municipio no puede ser imparcial al ser parte del mismo gobierno que demanda al Concejo.
- Oficialismo (Acción Ciudadana – UCR): Rechazaron de plano la contratación. Mercedes Squillaci (Acción Ciudadana) advirtió sobre un «conflicto de intereses», señalando que el abogado propuesto ya representa a particulares en juicios contra la Comuna. Además, exigieron que una medida de este tipo requiera una mayoría agravada (dos tercios) y que sea la Dirección de Legal y Técnica municipal la que asuma la tarea para evitar costos innecesarios al erario público.
La sesión no escatimó en condimentos políticos. Squillaci volvió a sembrar dudas sobre un presunto acuerdo estratégico entre los libertarios y el kirchnerismo. Por su parte, la oficialista Jorgelina Herrera llamó a la reflexión: «No podemos seguir encerrando al Municipio en un conflicto que terminamos pagando todos».
Desde la UCR y Acción Ciudadana, los ediles Guillermo Lance y Francisco Recalt se manifestaron en contra de la judicialización de la política, sosteniendo que las diferencias deben saldarse en el recinto y no en los tribunales.
Desde el interbloque peronista, Ana Paula Panaccio calificó de «locura» que el Intendente demande al propio Concejo, criticando lo que considera una «judicialización constante» por parte de la gestión de Egüen.
Por otro lado, los concejales de LLA, José Luis Guarch y Dino Caronello, junto a Cortés, aclararon que la Comisión Investigadora no busca la destitución del jefe comunal, sino garantizar la transparencia. Citaron observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la Rendición de Cuentas para justificar la necesidad de controlar los decretos y las cuentas públicas.
El regreso del expediente a comisión abre un paréntesis de negociación. El objetivo es que las fuerzas políticas logren un acuerdo extrajudicial que devuelva la discusión al terreno estrictamente legislativo y evite que el conflicto escale en los tribunales.