Cruces, reproches y archivo: La trastienda de una sesión marcada por la transparencia y los haberes públicos

El recinto del Concejo Deliberante de 25 de Mayo se convirtió en el escenario de un nuevo capítulo de la grieta local. El detonante fue la respuesta del Ejecutivo a la Comunicación N° 23/2025, un pedido de informes sobre los gastos de representación del intendente Ramiro Egüen durante el ejercicio 2024, que terminó desatando acusaciones cruzadas de «ajustes encubiertos» y «discursos de odio».

Desde los bloques de Unión por la Patria, el PJ y el Frente Renovador, la recepción de la respuesta oficial fue calificada como una maniobra evasiva. La concejal Yamila Galdós Carrizo (PJ) fue tajante al tildar la contestación de «no pertinente», asegurando que no aclara los puntos solicitados originalmente.

Galdós Carrizo no escatimó en críticas hacia la gestión económica local:

• Sobre la emergencia económica: La calificó de «mentirosa», argumentando que mientras se pregona austeridad, los funcionarios perciben bonificaciones.
• Sobre los haberes: Lanzó una cifra que sacudió la sesión: aseguró que «Egüen y su señora (Mercedes Squillaci) cobran 16 millones de pesos por mes».
• Sobre el ajuste: Afirmó que «el ajuste no fue para la clase política», señalando además las recomposiciones salariales de los delegados municipales.

En sintonía, María José Zarza (UxP) reforzó la idea de una opacidad administrativa, señalando que «el Intendente contesta pero no contesta» y denunciando aumentos «encubiertos y a dedo» mediante cambios en el organigrama desde el inicio del año.

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar. La concejal Mercedes Squillaci (Acción Ciudadana), aludida directamente por la oposición, defendió la gestión actual recordando el estado en que recibieron el municipio: «Era tierra arrasada», disparó.

Squillaci defendió el sueldo de los delegados de las localidades, afirmando que su remuneración es incluso baja en relación a la labor que desempeñan. Además, contraatacó señalando una supuesta contradicción en el peronismo:

“Ahora cuestionan las bonificaciones que ellos mismos votaron en su gestión. Hace falta honestidad política; estos son discursos de odio”.

Por su parte, el radical Guillermo Lance intentó cerrar la discusión desde lo técnico, afirmando que la información ya había sido brindada en la rendición de cuentas y que el peronismo busca meramente un «rédito político» al estirar el tema en el tiempo.

La postura de La Libertad Avanza fue determinante para cerrar el debate legislativo. El concejal Dino Caronello calificó la iniciativa opositora como «extemporánea», argumentando que se trata de información que ya pasó por el Tribunal de Cuentas. No obstante, dejó una advertencia de cara al futuro: “Vamos a revisar todo lo referido a este año”.

Finalmente, la mayoría conformada por el oficialismo y los libertarios impuso su número y el expediente fue enviado al archivo, cerrando —al menos en los papeles— una de las sesiones más álgidas de lo que va del periodo legislativo.