Ordenan al Ministerio de Justicia proveer alimentos a las cárceles de la provincia

La Justicia de La Plata ordenó al Ministerio de Justicia bonaerense proveer “adecuada alimentación” a los presos alojados en las cárceles del Servicio Penitenciario, luego de las quejas de familiares y de una huelga de hambre que se desarrolla en diferentes unidades.

Así lo dispuso el titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N° 3 del Departamento Judicial de La Plata, Francisco José Terrier, que ordenó al Ministerio de Justicia que tome las medidas necesarias para resolver esta situación.

Así lo informó la Asociación Miguel Bru, una de las organizaciones que plantearon ante la Justicia una medida cautelar para que se garantice la alimentación de los detenidos alojados en las 57 unidades penitenciarias y 8 alcaidías de la provincia de Buenos Aires.

El juez dispuso que el ministerio “realice un relevamiento exhaustivo del estado de cumplimiento de las obligaciones alimentarias en todos los establecimientos de detención de la provincia de Buenos Aires, y, en caso de verificar falencias o incumplimientos, deberán adoptar las medidas tendientes a su inmediata reparación”.

En su denuncia, las organizaciones afirmaron que “a partir del día 22 de noviembre del corriente año, por una decisión del gobierno provincial saliente, la ingesta de alimentos básicos para cumplir con el plan de alimentación previsto fue interrumpida” y que “hasta incluso se vería afectado el personal penitenciario que trabaja en el régimen laboral de 24 x 48 horas de descanso”.

La falta de provisión de alimentos a los detenidos alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires fue advertida también por el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien antes de asumir reclamó a su antecesora Vidal que solucione esa situación que afectaba la salud de los detenidos.

El flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Julio Alak, quien asumió el cargo ayer, también reconoció la grave situación que atraviesan los detenidos bonaerenses y calificó como una “deuda de la democracia” las condiciones de superpoblación, hacinamiento y carencias alimentarias que padecen los presos bonaerenses. (DIB)

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