El Inta desistió de fumigar cerca de un jardín de infantes en Pergamino
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) desistió del pedido que hizo ante la Justicia para que le permitan asperjar agrotóxicos dentro del predio de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Pergamino, donde funcionan un jardín de infantes y un instituto universitario. Tras la difusión del pedido, las autoridades del organismo nacional enviaron una nota al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, para desistir del pedido realizado a fines de octubre en el que solicitaban una excepción respecto a la cautelar dispuesta en agosto de 2019 que prohíbe las aplicaciones de agrotóxicos a menos de 1.095 metros de la planta urbana, una determinación judicial sin precedentes recientemente confirmada por la Cámara Federal de Rosario.
“Vengo a desistir de la solicitud presentada para que se autorice a continuar con las actividades de investigación que se desarrollan en el campo de la EEA de Pergamino del Inta, respecto de la porción alcanzada por la medida cautelar dispuesta con fecha 30 de agosto de 2019”, indica el escrito firmado por el director nacional del Inta, Carlos Alberto Parera.
“Este desistimiento se formula para evitar interpretaciones equívocas o que puedan dar lugar a valoraciones diversas sobre el fundamento que motivó la solicitud de autorización para continuar con tales actividades de investigación, que no es otro que el de generar conocimientos que permitan desarrollar modelos productivos ambientalmente sustentables”, se excusaron y añadieron que “como fue oportunamente puntualizado en las conclusiones de la solicitud que ahora se desiste, para el Inta, la agenda ambiental es imperativa y uno de nuestros ejes estratégicos es promover en el ámbito del sector agropecuario, una transición hacia un modelo de desarrollo productivo sostenible y de valoración de los servicios ecosistémicos, y priorizando la salud”.
Un pedido absurdo
Tanto quienes encabezan la compulsa judicial como los vecinos de diversos sectores manifestaron su alegría por la decisión que ahora adoptó la dirigencia del Inta y calificaron como “absurdo” el pedido de que un organismo del Estado solicite exceptuarse de una decisión judicial que fue adoptada para prevenir impacto negativo sobre la salud de las personas y el ambiente, objetivos comprendidos dentro de los criterios fundacionales de la institución.
Para el abogado de la ONG Naturaleza de Derechos, Fernando Cabaleiro, “es necesario que el Estado nacional dé el ejemplo a través de una institución como el Inta, de avanzar en la transformación del modelo agroalimentario” y reforzó: “No se necesita hacer ningún inventario como se anunció en estas horas. Las recopilaciones sobre las evidencias es algo que está disponible desde hace varios años. El informe del Primer Encuentro de los Médicos de Pueblos Fumigados de 2010, los datos de los campamentos sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario, el trabajo epidemiológico sobre Monte Maíz publicado en una revista científica, los estudios del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (Emisa) de la Universidad de La Plata, los estudios de genotoxicidad de la Universidad de Río Cuarto y del Nordeste, más los trabajos de los científicos independientes de la Universidad Nacional del Litoral y de las médicas del Chaco, entre otros tantos, es un bastión de información que a quienes hacemos litigio judicial nos permite obtener medidas judiciales razonables paliativas como la de Pergamino”.
“La Antología Toxicológica del Glifosato, de nuestro compañero Eduardo Martín Rossi, un militante de la primera hora de los pueblos fumigados, es una obra de referencia mundial, que en el caso de México, fue citada como argumento por el Ministerio de Ambiente de México. Es cierto que nadie es profeta en su tierra, pero también hay otro dicho popular que dice no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces cabe la pregunta: qué está esperando el Ministerio de Ambiente para hacer lo mismo en Argentina”, se preguntó el letrado especialista en derecho ambiental.
Para Cabaleiro, “es hora de que el poder político tome la información disponible de la ciencia digna como fuente para una decisión política de fondo que oriente el modelo agroalimentario a un proceso revolucionario que se aleje de los intereses de las corporaciones del agronegocio y se dedique a producir alimentos de verdad, sanos, seguros y saludables. Solo así se logrará acabar con el hambre en nuestro país y se podrá asegurar el acceso y la disponibilidad a los mismos para que la sociedad civil se reencuentre con una alimentación que sea la mejor medicación preventiva y sustento para el fortalecimiento de los sistemas inmunológicos. Y que todo el excedente sea el material de exportación para vender al mundo. El potencial, dicen los especialistas, es inconmensurable. Solo falta la decisión política”.
Dos mujeres
El trámite judicial por la contaminación de los acuíferos de Pergamino es encabezado por dos mujeres, Sabrina Ortiz (abogada y querellante) y Florencia Morales, vecinas de Pergamino, ambas víctimas junto a sus familias como tantas otras en la ciudad y en todas las poblaciones fumigadas con agrotóxicos, que desde el silencio, luchan con dignidad ante la contaminación lenta y silenciosa del modelo agroindustrial.
Tanto Ortiz como Cabaleiro, quienes llevan adelante la dirección jurídica del caso Pergamino, denunciaron públicamente que son objeto de descalificaciones y difamaciones. “Sabemos que estas luchas no son gratuitas, es cierto, se llevan mucho de lo nuestro y, aunque generan desgastes físicos y mentales, no van a poder doblegar nuestra voluntad ni la de los vecinos”.
Crédito: lacapital.com.ar