Egüen: «en el Día de la Discapacidad le pedimos al Municipio un plan de accesibilidad»
En la gestión Ralinqueo no se avanzó en la Ordenanza 69/2015 de adecuación de verederas y construcción de rampas.
El 14 de octubre de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 47/3, proclama el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
En nuestro distrito existe una Ordenanza 2768/03, por la que se establece “un régimen de protección para las personas discapacitadas, con el fin de propender a su integración a la sociedad, procurando neutralizar los inconvenientes que les acarrean los distintos tipos de limitaciones que los afectan, mejorando su calidad de vida”. Por otro lado, se compromete a que ¨El Municipio adecuará y hará adecuar el equipamiento urbanístico de la ciudad tanto privado como público (sendas peatonales, semáforos, estacionamientos, rampas, etc.), a las necesidades de personas con discapacidades motoras, auditivas y visuales”.
Mediante Resolución 69/2015, el Concejo Deliberante insistió con la adecuación de veredas, la construcción de rampas y demás inversión pública necesaria par asegurar el fácil acceso para personas con capacidades diferentes, pero ello no se ha cumplido.
Existe una carencia total de diseño de políticas públicas inclusivas por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, y no se han llevado a cabo estrategias y líneas de acción que contribuyan al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Es sin dudas impostergable dotar de las condiciones necesarias para que se asegure desde el Estado, una partida presupuestaria que se afecte para asegurar la accesibilidad de nuestros vecinos, ya que esta garantía se encuentra acogida con jerarquía constitucional mediante la aprobación por ley nº 26.378 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.
Las autoridades locales tienen la obligación de cumplir con con este cometido de manera urgente, no sólo por su exigencia legal, sino también por su imperativo moral.