En la Provincia, casi el 5% de los presos son extranjeros y algunos podrían volver a su país

En un intento por descomprimir las cárceles de la Provincia, que albergan a poco más de 40 mil internos cuando la capacidad óptima de alojamiento ronda los 30 mil, el ministerio de Justicia bonaerense encaró un relevamiento pormenorizado de la población carcelaria.

Un dato que resalta entre todos es que casi el 5% de los 41.267 presos en Unidades Penitenciarias y Alcaidías de la Provincia son extranjeros, condición por la que están en condiciones de acceder al extrañamiento una vez que cumplen la mitad de la condena impuesta por cualquier delito, siempre que no tengan otros procesos judiciales abiertos. Dicho de otro modo, pueden ser expulsados del país y se le da por cumplida la pena, según lo contempla la ley de Migraciones N° 25.871.

“El derecho que posee el ciudadano extranjero es a acceder a las vías recursivas disponibles en caso de no desear ser expulsado”, aclara la normativa, en tanto que, una vez que la expulsión se concreta, no puede reingresar al país en el plazo que fije la Justicia.

Fuentes oficiales apuntaron que quienes otorgan esas medidas son los jueces y es “muy difícil que alguno se oponga, excepto que tenga argumentos bien fundados”. En cuanto a los detenidos, no son pocos los que rechazan el beneficio por los lazos familiares que los ligan con Argentina.

Según la información oficial, en la actualidad hay 2009 extranjeros en el sistema penal bonaerense, el 51,3 % de los cuales son paraguayos; el 17,66 % son peruanos; el 9,14 % uruguayos; el 8,87 % bolivianos y el 5,21 % chilenos. Completan la grilla, con porcentajes muy bajos, colombianos, dominicanos y brasileños, entre otros. La mayoría están presos por delitos contra la propiedad.

La figura del extrañamiento se hizo conocida hace 5 años de la mano de Luis Mario Vitette Sellanes, uno de los ladrones del Robo del Siglo al Banco Río de Acassuso.

Fue después de que Vitette pidió su expulsión y el juez Marcelo Alejandro Peluzzi consideró acreditados los requisitos de la ley para otorgársela, por lo que volvió a tierras uruguayas, abrió una joyería y fue padre de nuevo. Eso sí, el llamado “hombre del traje gris” no podrá pisar Argentina hasta el 24 de junio de 2034.

EN NÚMEROS

Entre los datos relevados por el ministerio de Justicia figura también que el 2% de los presos bonaerenses cumplen las condiciones contempladas en el artículo 10 del Código Penal de la Nación para acceder a una prisión domiciliaria (por enfermedad, embarazo, edad u otras cuestiones), aunque los voceros consultados por este diario insistieron en aclarar que “los únicos que pueden definir el otorgamiento de este beneficio son los jueces”.

Explicaron, además, que esa información se entregó “en el marco de los hábeas corpus y planteos judiciales” vinculados a la sobrepoblación carcelaria.

Hace poco más de un mes, el juez Eduardo Esquenazi, del tribunal de Ejecución Penal Nº 2 de La Plata, emitió el fallo en el marco de una causa iniciada con un amparo colectivo de la Defensoría de Casación de la Provincia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria, donde señala que tras una serie de gestiones iniciadas en 2017, con una mesa de diálogo integrada por la cartera de Justicia y los organismos que realizaron la presentación, el Tribunal realizó nuevas inspecciones entre marzo y junio en 9 unidades penales.

El panorama, según el juez, es que la población carcelaria sigue en aumento “duplicando o triplicando la capacidad de las celdas, colocando en los escasos espacios libres existentes, colchones o solo mantas, cuando los primeros ni siquiera calzan en esos sitios, debiendo dormir por lo menos uno de los internos al lado del sanitario que será utilizado durante toda la noche y al cual no se podrá acceder sino caminando sobre los compañeros de celda, que deben dormir en el suelo”.

De diciembre de 2015 hasta ahora la población carcelaria subió de 32.967 presos a 41.267 (25,2 %).

Con monitoreo electrónico hay, actualmente, 1933 reclusos. Mientras tanto, avanzan las obras en las alcaidías de San Martín, Campana y Lomas de Zamora. En ésta habilitaron un nuevo módulo para sumar otros cuatro pabellones, con 68 plazas, y “se sumaron 60 camas en las 74 celdas que ya había”, dijeron fuentes oficiales.

Costos

El estado provincial destina alrededor de 35 mil pesos mensuales para cada interno. En ámbitos oficiales reconocen la superpoblación, aunque distinguen esta condición de la del hacinamiento y sus gravísimas consecuencias, como enfermedades, peleas y revueltas.

Fuente: El Día

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